Una petición pública en internet a través de la web ‘change.org ha sido la chispa que ha prendido la llama del cíclico debate sobre el uso, gestión y titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba. La plataforma ha recogido más de 130.000 firmas on line.
El colectivo impulsor, liderado por el profesor de la Facultad de Derecho Antonio Manuel Rodríguez, reclama la intervención de las administraciones públicas y de la Unesco para preservar la declaración del monumento como Patrimonio Mundial, ante lo que consideran ‘’continuados intentos de apropiación jurídica, económica y simbólica del Obispado’’. Eduardo Galeano, Antonio Gala o Antonio Muñoz Molina solicitan que “deje de emplearse institucionalmente sólo el término Catedral para referirse a todo el monumento”; “el reconocimiento jurídico de su titularidad pública”; “la gestión pública y transparente del edificio” y “la redacción de un Código de Buenas Prácticas”. No es la primera vez que este tipo de peticiones se pone en marcha. Existe otra en la misma web creada por otra cordobesa, Ana Vera, y dirigida al obispo con el lema ‘’A la Iglesia Católica. Que devuelvan la Mezquita a la ciudad’’, también con más de 130.000 firmas –se desconoce si son las mismas-.
Pero, esta vez el rifirrafe ha ido más allá de manifestaciones ciudadanas y de la recogida simbólica de firmas a favor y en contra a través de plataformas digitales. La discusión se ha extendido fuera de las fronteras locales y ha saltado a varios países de la Unión Europea, debido a las posibilidades de difusión que ofrecen la nuevas tecnologías de la información. Además, la Junta de Andalucía ha entrado al trapo de la iniciativa ciudadana, anunciando que ha encargado un informe jurídico sobre las posibilidades de reclamar la propiedad pública del emblema monumental. Resulta llamativo que el Gobierno andaluz se plantee la expropiación de este monumento al mismo tiempo que intenta vender gran parte de su patrimonio inmobiliario para obtener liquidez financiera. Setenta y cinco edificios públicos tiene puestos en venta desde 2012 al precio de 300 millones de euros, en el marco de un plan de reequilibrio económico que le permita hacer frente a su déficit creciente. Al mismo tiempo, resulta contradictorio que esta Administración pretenda ahora controlar el uso de la Mezquita por la Iglesia católica cuando, en el Parlamento, el partido que la sustenta se ha opuesto a la celebración de bodas judías en la Sinagoga propuesta por el grupo de la oposición.
Por otra parte, en respuesta a estos movimientos, la web MásLibres.org ha salido en defensa de mantener la situación tal cual ha permanecido en los últimos siglos y está animando a las familias para que acudan mañana, domingo, a la Mezquita-Catedral para defender la titularidad eclesial del templo, frente a lo que consideran un "intento de la Junta de Andalucía de apropiarse de ella de forma indebida". Más de 80.000 peticiones contra la expropiación de la Catedral están contabilizadas ya en esta plataforma, cuyo portavoz, Miguel Vidal, ofrece la posibilidad a los cordobeses de firmar en persona la misma petición a las puertas del templo, entre las 11:00 y las 12:00 de la mañana, y a la salida de la misa mayor. En defensa de los derechos históricos de la Iglesia se han manifestado destacados juristas, como el decano de los abogados cordobeses, José Luis Garrido, el catedrático de Derecho Civil, Ignacio Gallego, y el propio alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
La UNESCO declaró la Mezquita de Córdoba patrimonio de la Humanidad en el año 1984. Este reconocimiento lo amplió en 1994 a todo su casco histórico. Y, en diciembre de 2012, los Patios cordobeses también pasaron a formar parte del Patrimonio Mundial, en este caso con la calificación de Inmaterial. En suma, en virtud de esta declaración, la Humanidad puede disfrutar hoy de un patrimonio excepcional desde el punto de vista histórico, cultural, artístico, arquitectónico, religioso y espiritual, en un marco de belleza sin igual, como es el casco histórico y la ciudad de Córdoba al completo. Así ha venido ocurriendo en los últimos 30 años, si bien es cierto que previo pago -con excepciones- y con algunas limitaciones de uso, restringido al culto católico, visitas turísticas y actividades culturales.
La pólvora que ha servido para reavivar la mecha de la polémica tiene su origen en 2006, año en que el Obispado inscribió por primera vez el monumento en el Registro de la propiedad, recurriendo a la modificación de un procedimiento que se viene utilizando en edificios de este tipo desde 1863. La inmatriculación permite certificar de forma previa la propiedad de bienes sobre los que no existe un título escrito, para confirmarla transcurridos 10 años. La normativa ha sido ratificada por el Tribunal Supremo. Por tanto, en 2016 el monumento pasará a ser de manera oficial propiedad de la Iglesia Católica.
EMBLEMA DEL PARADIGMA DE CÓRDOBA
La Mezquita-Catedral, referente del paradigma de Córdoba, es crisol de pueblos, culturas y religiones. El paradigma de Córdoba representa lo mejor de la historia de un punto geoestratégico en el mapa del mundo. Se asienta en el espíritu de acogida, convivencia pacífica y brillantez intelectual que ha sido legado a los cordobeses para su proyección planetaria. Sin obviar, claro está, que cada época ha estado determinada por el dominio de una cultura o unos pueblos sobre otros y que los cambios de poder han sido consecuencia de conflictos más o menos cruentos. Las transiciones raramente son pacífica.
Indagando en la historia, descubrimos que los primeros vestigios humanos hallados en la zona pertenecen al Neandertal. Miles de años después, Córdoba fue hogar de tartesios, cartagineses, íberos, romanos, vándalos del Norte, visigodos, árabes llegados de la actual Siria y cristianos de Castilla. La Mezquita se empezó a construir en el año 786 sobre los restos de la basílica cristiana de San Vicente Mártir. La mandó edificar el emir Abderramán I y quedó concluida en el año 988, durante el mandato del califa Almanzor, miembro de la dinastía Omeya que declaró el califato independiente de Córdoba en 929. Conquistada Córdoba por Fernando III, en el año 1236, el rey restituyó la titularidad del edificio a la Iglesia, al haberse asentado sobre el antiguo templo visigótico del siglo IV, fue consagrada como catedral y dedicada al culto católico hasta hoy. Como Santa Iglesia Catedral fue declarada Monumento Nacional por Alfonso XII en 1882.
UNA GESTIÓN PATRIMONIAL NO CUESTIONADA POR LAS ADMINISTRACIONES
A lo largo de los últimos ocho siglos, la gestión patrimonial del monumento ha sido ejercida por el Cabildo Catedralicio en una entente cordiale con las Administraciones Públicas de cada época, independientemente de su signo político, y en virtud de la cual nunca se ha cuestionado la responsabilidad de la Iglesia Católica sobre el edificio. Estas buenas relaciones institucionales se han fortalecido durante las últimas décadas del siglo XX y primeras del XXI, especialmente con el Gobierno de la Junta de Andalucía, que tiene asumidas las competencias plenas sobre cultura y patrimonio a raíz del proceso autonómico emprendido con la Constitución de 1978 y los posteriores Estatutos reguladores de cada Comunidad Autónoma. El Gobierno socialista andaluz elaboró en los años 80 un programa de actuación en catedrales, para desarrollar su política de rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico y monumental, que ha posibilitado intervenciones periódicas en la Mezquita-Catedral de Córdoba desde principios de la década de los 90 hasta fechas recientes. Esas actuaciones se sustentaron en un convenio de colaboración suscrito en 1991.
Según viene informando la edición local del periódico de ámbito nacional ABC, uno de los más activos en la defensa de los derechos históricos de la Iglesia sobre el monumento, “el documento estableció obligaciones entre las partes de acuerdo a las competencias legítimas, uno como Administración responsable de las políticas culturales de Andalucía, y otro como propietario del edificio“. Asimismo, explica que “de ese acuerdo se derivaron también una serie de iniciativas que han quedado en el tiempo para la gestión ordinaria de la Mezquita-Catedral. Por ejemplo, se establecieron precios y usos de las entradas y la gratuidad para los nacidos o residentes en Córdoba”.
Otra fecha significativa en las relaciones entre la Iglesia y las administraciones públicas fue 2006, cuando el Obispado y El Cabildo, en calidad de propietarios, firmaron un convenio con el Gobierno de la nación para restaurar el crucero y el coro, con financiación a través del Ministerio de Cultura. El Ayuntamiento de la capital también reconoció el edificio como un bien privado de la Iglesia Católica en el Plan Especial de Planeamiento del Casco Histórico, aprobado en 2003. En este documento, que recibió los informes previos favorables de las consejerías de Obras Públicas y Cultura de la Junta de Andalucía en 2001, se establece la propiedad privada de los 24.000 metros cuadrados de la parcela, incluido el patio de los Naranjos -informó el 1 de marzo el diario ABC Córdoba-.
