La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha remitido a los medios de comunicación del país una nota en la que muestra el “rechazo más categórico y contundente” del Gobierno venezolano a las “declaraciones inamistosas y hostiles del presidente de Estados Unidos (EEUU) de América, Donald Trump, en las que amenazó con una intervención militar contra nuestra patria, las cuales son a todas luces violatorias de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y de las normas del derecho internacional, particularmente en lo que respecta al uso o amenaza del uso de la fuerza contra la independencia política de los Estados”.
En esta línea, el comunicado recoge que las palabras “belicistas” de Trump, “claramente enmarcadas dentro de las agresiones sistemáticas de la Administración estadounidense contra Venezuela”, representan una “amenaza directa contra la paz, la estabilidad, la independencia, la unidad territorial, la soberanía y el derecho a la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela”.
Asimismo realiza un llamamiento a los miembros de la comunidad internacional para que expresen su “más clara e inequívoca condena a este peligroso atentado contra la paz y estabilidad del continente americano”.
La Embajada venezolana en Abu Dhabi también ha informado a los medios que el país al que representa ha hecho pública su “protesta” por la declaración emitida en Sao Paulo (Brasil), suscrita por los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, “mediante la cual pretenden aplicar ilegalmente a Venezuela el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en Mercosur”.
Venezuela mantiene que “resulta improcedente la aplicación del Protocolo de Ushuaia, toda vez que se fundamenta en falsos supuestos, en presunciones ilegítimas que no se corresponden con los extremos jurídicos compatibles con las disposiciones de tal normativa”.
Igualmente ha remitido un tercer texto a los medios en el que consta el pronunciamiento de la presidenta-rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, en relación con las declaraciones del proveedor electoral Smarmatic.
Lucena asegura que el representante de Smarmatic, Antonio Mugica, lanzó un comunicado en el que afirmaba que una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación en el referéndum sobre la Asamblea Nacional Constituyente celebrado el pasado 30 de julio. Según recoge, la palabras concretas de Mugica fueron “estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”.
La presidenta del CNE considera que “es una aseveración irresponsable con base en estimaciones sin fundamento en la data que maneja exclusivamente el Poder Electoral”.
Según Lucena, aún “más grave” es que las declaraciones se hayan realizado a sabiendas de que “la empresa Smartmatic participó en todas las auditorias y colocó su clave para el cifrado de los archivos y la protección de las aplicaciones que se desplegaron en la plataforma electoral”, lo que asegura tiene como consecuencia que “estas auditorías incluyen la certificación del software de la máquina y del sistema de totalización que ahora se pone en duda”, por lo que “cualquier manipulación, como la que señala Mugica, supone desconocer que Smartmatic es parte de la seguridad del sistema de totalización”.
