Arabia Saudita ha fichado al ejecutivo español Esteban García Vilasánchez, presidente de la empresa estatal Navantia entre 2014 y 2018 y firmante de la venta a Riad, en abril del año pasado, de cinco corbetas por 1.800 millones de euros, según avanza el diario El País. El contrato, rubricado durante la visita a España del controvertido príncipe heredero Mohamed Bin Salman, es el mayor de la historia de los astilleros públicos españoles con un cliente extranjero.
Vilasánchez, gallego de 52 años que desarrolló toda su carrera en Navantia, fue su presidente hasta julio del año pasado y se encargó de la fase final de las negociaciones con las autoridades saudíes de ese polémico contrato.
Ahora, va a convertirse en vicepresidente de SAMI (Saudí Arabian Military Industries), la compañía de armamento a la que Riad quiere convertir en una de las 25 mayores del mundo en una década. Será el responsable de la nueva división naval, que se sumará a las de armamento terrestre, electrónica, aeronaútica y municiones y misiles.
Aunque el presidente de SAMI es un príncipe saudí, Ahmed Al-Khateeb, Riad ha recurrido a ejecutivos extranjeros con experiencia en el sector de la defensa para ponerlo en marcha y ha fichado como CEO al alemán Andreas Schwer, exdirectivo de la empresa germana Rheinmetall.
Arabia Saudita es el primer cliente mundial de la industria de armamento, con un 12% del total de las compras, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). La guerra de Yemen y la rivalidad regional con Irán ha disparado su gasto militar hasta el 10% de su PIB, el mayor porcentaje del mundo. Sin una industria militar propia, la petromonarquía absolutista tienen que importar todo el material que equipa a sus Fuerzas Armadas.
SAMI se constituyó en 2017 en el marco del denominado plan Visión 2030, con el que el príncipe heredero saudí quiere impulsar una economía que no dependa exclusivamente del petróleo, y que incluye entre sus objetivos que el 50% del equipamiento militar adquirido en esa fecha sea de fabricación nacional.
Además, Arabia Saudita está exigiendo que sus contratos de compra vayan acompañados de la firma de joint ventures (compañías mixtas) con SAMI para la transferencia de tecnología. Así lo hizo el astillero español, que ha formado SANNI (Saudí Arabia Navantia Naval Industries), que se encargará de la integración de los sistemas de combate para las dos últimas corbetas construidas en España y de futuros buques adquiridos por Riad.
En noviembre pasado, el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), aseguró que existe una "posibilidad cierta" de que Navantia obtenga nuevas adjudicaciones de los saudíes en paralelo al multimillonario contrato de las corbetas.
El contrato, de 1.800 millones de euros, no solo incluye la construcción de los buques, sino su mantenimiento y la formación en España de 600 tripulantes. En julio del año pasado, tras la llegada del PSOE al Gobierno, García Vilasánchez fue sustituido al frente de Navantia por su actual presidenta, Susana Sarriá.
La firma del contrato estuvo a punto de frustrarse cuando la ministra de Defensa española, Margarita Robles, anunció su intención de revisar la entrega de 400 bombas de precisión del Ejército del Aire vendidas por el Gobierno de Rajoy para su uso en la guerra de Yemen. Las bombas fueron finalmente entregadas y la amenaza de una crisis diplomática no se materializó.
