Los jueces superiores, fiscales y abogados en Emiratos Árabes Unidos están presionando para que un certificado de buena conducta obligatoria sea documento imprescindible para solicitar la residencia en el país.
El impulso es consecuencia de la sentencia de muerte recientemente promulgada a un hombre jordano, de 48 años, que fue encontrado culpable de secuestro, violación y asesinato de un niño de ocho años en mayo.
El Tribunal Penal de Dubai declaró que el asesino convicto tenía un largo historial delictivo en Jordania, este hecho ha llevado a los abogados a solicitar la prohibición de entrada en el país a las personas con pasado delictivo.
Ali Al Galadari, un juez del Tribunal de Apelaciones de Dubai, manifestó al diario The National que es partidario de la medida, que sería similar a los exámenes médicos obligatorios para los residentes en EAU que tienen como fin evitar la propagación de enfermedades contagiosas. "En nuestro país, estamos apuntando a la excelencia en todo y estamos teniendo éxito", explicó el juez.
Antes de conceder un visado de residencia EAU, los futuros residentes deben pasar con éxito los exámenes médicos en los centros de salud del Gobierno para demostrar que no padecen el VIH-SIDA, hepatitis B o C, o la tuberculosis.
Certificados de buena conducta, o la verificación de antecedentes penales, son necesarios para visas de residencia en países como Australia y Canadá.
El proyecto fue respaldado por Mohammed Rustom, jefe de enjuiciamiento por Asuntos Familiares y Juveniles en Dubai, quien aseguró que no era algo lógico que el país se convierta en lugar de residencias de personas de las que no se conoce su conducta en su lugar de origen.
Por su parte el fiscal Ahmad Al Attar cree que el certificado de conducta, sería conveniente y la sugerencia atraería aún más las inversiones de todo el mundo. Reconoció que es un derecho de cada país protegerse de los delincuentes con antecedentes penales.
El abogado Huda Al Falamarzy dijo que el plan necesitaría la cooperación entre autoridades de inmigración y residencia y los empleadores del sector público y privado.
Mohammed Al Hashimi, propietario de un bufete de abogados de Dubai, apoyó la idea, pero subrayó que la medida no era una garantía contra este tipo de delitos.
