Los miembros del Consejo Nacional Federal (FNC) de Emiratos Árabes Unidos aprobaron este martes de forma remota un proyecto de ley sobre el primer esquema de denuncia de irregularidades y protección de testigos en el país.
En su primera sesión a través de una vídeo conferencia debido al brote de Covid-19, los miembros de la Cámara dijeron que la legislación, que brinda seguridad a las personas que pueden verse amenazadas por presentar pruebas en casos judiciales, es un paso histórico para el sistema judicial del país. Según el proyecto de ley, la pena de muerte se aplicará a los delincuentes que delaten a las personas protegidas y provoquen su muerte.
El jeque Saif Bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro del Interior, manifestó a la Cámara que el esquema de protección de testigos generalmente se requiere en los juicios contra el crimen organizado, donde la policía ve el riesgo de que se intimiden a los testigos.
El ministro citó dos incidentes de un testigo y un denunciante que fueron amenazados e intimidados por su testimonio en un caso de asesinato y contrabando de drogas.
El proyecto de ley, una vez firmado por el presidente Su Alteza el jeque Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, establecerá normas, procedimientos y mecanismos para facilitar y alentar la denuncia de actos de corrupción que son responsables de investigaciones y castigos administrativos o penales y para proteger al público, funcionarios y cualquier otra persona que, de buena fe, denuncie o sea testigo de estos actos.
Las sanciones para las personas que violen el esquema y filtren información confidencial podrían incluir multas de hasta 100.000 dirhams o seis meses de cárcel. La pena máxima se aplicará a los delincuentes que delaten a las personas protegidas y provoquen su muerte.
La autoridad judicial que maneja un caso decidirá quién se inscribirá en el esquema de protección.
Ali Rashid Al Nuaimi, jefe del Comité del FNC, señaló que el proyecto de ley tiene como objetivo alentar a las personas a denunciar delitos graves.
La ley se comenzará a aplicar tres meses después de su publicación en el boletín oficial y cubre a denunciantes y testigos de delitos graves como el tráfico de personas, el lavado de dinero, el terrorismo y el contrabando de narcóticos.
Una vez admitidos en el sistema, los denunciantes y los testigos deben firmar un acuerdo sobre las obligaciones de cumplimiento, que es un documento que enumera tanto las obligaciones y acciones de la autoridad responsable de otorgar protección como las obligaciones y acciones que deben llevar a cabo los denunciantes y testigos, así como las sanciones que pueden imponerse a este último por incumplimiento, que pueden incluir la expulsión de dicho esquema.
