La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla (sur de España) inició este lunes un juicio, contra tres hombres para cada uno de los cuales la Fiscalía reclama diez años de prisión por organizar, gestionar y sufragar supuestamente viajes de terceras personas a Dubai (Emiratos Árabes Unidos), para que estas transportasen a su regreso a España cantidades de metanfetamina que después habrían de ser comercializadas en el país.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, una investigación policial reveló allá por 2012 que los acusados José Salvador L.G, alias Cata, y Sergio R.V., con la colaboración del también acusado Eduardo F.P., dueño de la agencia de viajes Arenal; y con una cuarta persona residente en el extranjero, habían gestionado y financiado dos viajes a Dubai realizados por cuatro personas, dos en cada uno de los viajes.
La finalidad de ambos viajes no era otra que "la adquisición de sustancias estupefacientes, metantetamina, para su transporte hasta España" y su posterior venta en el país, según la Fuscalía.
En ambos viajes, las personas elegidas para realizarlos a cambio de dinero, 3.000 euros en el primer caso y 2.000 euros en el segundo; recibían según la Fiscalía la instrucción de que una vez alojados en determinado hotel de Dubai, "tenían que cambiar las maletas que llevaban por otras que les facilitarían terceras personas y que contendrían la sustancia estupefaciente".
Empero, los dos protagonistas del primer viaje a Dubai fueron detenidos en el aeropuerto de Tokyo (Japón), donde hacían escala antes de volar a Madrid, siéndoles intervenidos 2,24 kilos de metanfetamina que transportaban en sus maletas por valor de 60.060 euros en el mercado ilícito; y las dos personas del segundo viaje fueron detenidas en su habitación de hotel de Dubai en posesión de 6,3 kilos de metanfetamina ocultas en sus maletas, por un valor aproximado de 168.840 euros.
Para sufragar todos estos viajes, siempre según la Fiscalía, habrían gastado 316.755 euros, fruto de sus "ganancias de la actividad ilícita", para la cual contaban con "la indispensable colaboración de Eduardo F.P." dada la agencia de viajes que gestionaba. Así, la Fiscalía atribuye a cada uno de los tres acusados un delito contra la salud pública y otro delito de integración en grupo criminal, reclamando para cada uno de ellos diez años de prisión y multas de 700.000 euros.
