Un hombre que asesinó a un alto funcionario iraquí a plena luz del día este mes fue condenado a muerte este domingo en medio de la repulsión generaliza por la incapacidad del Gobierno de Bagdad de detener una ola de asesinatos.
"Después de que concluyeron todos los procedimientos y el convicto confesó, fue llevado ante el tribunal penal de Karbala, que lo condenó a muerte en la horca", informó el Tribunal Supremo de Irak en un comunicado.
Abir Salim, director municipal de la ciudad santuario de Karbala, que alberga las tumbas de dos de las figuras más veneradas del Islam chiíta, fue asesinado a tiros mientras trabajaba el 10 de agosto. Estaba de pie supervisando una inspección de una construcción no autorizada cuando Hussein Abd Al-Amir, vestido con una tradicional túnica blanca, sacó una pistola y le disparó a quemarropa.
Abd Al-Amir fue detenido en el lugar.
Según el sistema de justicia penal de Irak, su abogado tiene ahora 30 días para presentar una apelación.
El presidente Barham Saleh también tiene que firmar una orden de ejecución para que se aplique el máximo castigo.
El asesinato de Salim provocó una ira pública generalizada por la aparente impunidad por delitos vinculados políticamente, después de que más de 70 activistas fueran asesinados desde octubre de 2019. El primer ministro Mustafa Al-Kadhimi fue a Karbala después del crimen y prometió que "los asesinos y criminales no escaparán del castigo".
No ha habido ningún reclamo de responsabilidad por la ola de asesinatos. Pero los partidarios de las protestas contra el Gobierno que estallaron en 2019 acusan a las fuerzas de seguridad y de que los culpables son conocidos, pero que se les permitió salir en libertad debido a conexiones políticas, en particular con el poderoso vecino de Irak, Irán.
Después de décadas de guerra, insurgencia y conflicto sectario, Irak no tiene escasez de armas de fuego en circulación.
Según la Small Arms Survey, el país contó 7,6 millones de armas de fuego registradas en 2017 para una población de 39 millones de personas, el 40 por ciento de ellas menores de 14 años. Muchas más no están registradas.
Amnistía Internacional asegura que Irak es el cuarto país más prolífico en aplicar la pena de muerte en el mundo. El grupo de derechos humanos señaló que registró más de 45 ejecuciones en 2020, incluidas muchas personas acusadas de pertenecer al grupo Daesh.
