viernes. 29.03.2024

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos anuló este sábado las penas contra cuatro excontratistas de la empresa de seguridad Blackwater, condenados en 2014 a largas penas de cárcel por matar a 14 civiles iraquíes en una operación en Bagdad.

Los cuatro dispararon contra transeúntes en la plaza Nisour del centro de Bagdad con el fin de despejar el camino para el paso de un convoy del Departamento de Estado, poco después de la explosión de un coche bomba en las inmediaciones en 2007. El Gobierno del entonces presidente George W. Bush contrató sus servicios para ofrecer seguridad a sus empleados en Irak.

Nicholas A. Slatten, un antiguo francotirador del Ejército, fue condenado por un juez federal a cadena perpetua por asesinato acusado de efectuar los primeros disparos en la plaza Nisour. Sus compañeros Paul A. Slough, Evan S. Liberty y Dustin L. Heard fueron condenados a treinta años de prisión cada uno por homicidio.

Un tribunal de apelaciones anuló este sábado las penas contra los cuatro al considerar que fue injusto imputarles un cargo de porte de armas por unas armas que el Gobierno de Estados Unidos les obligó a llevar para sus labores de protección. Además, consideró que Slatten mereció un juicio aparte.

De este modo, el tribunal ordenó que Slough, Liberty y Heard reciban nuevas sentencias, lo que podría derivar en una rebaja de penas, mientras que a Slatten le anuló la condena, por lo que quedaría en libertad si el Gobierno no presenta cargos de nuevo contra él, en cuyo caso sería juzgado de nuevo.

Un portavoz de la Fiscalía de Estados Unidos en Washington, William Miller, aseguró al The New York Times que los fiscales están revisando sus opciones. Dependerá también de la voluntad política del Gobierno de Donald Trump.

Según informa el diario Gulf News, no ha quedado claro si las nuevas penas que se impongan a los acusados ​​serán significativamente diferentes de las impuestas originalmente. En la sentencia de abril de 2015, el juez de distrito Royce Lamberth dijo que estaba "muy satisfecho con la pena de 30 años".

En el juicio de una semana de duración celebrado en 2014, los fiscales federales y el abogado de la defensa presentaron versiones muy diferentes de lo que desencadenó la masacre de septiembre de 2007 en Nisour Square.

David Schertler, un abogado defensor, manifestó en un comunicado que aunque creía que su cliente tenía derecho a un nuevo juicio, "estamos agradecidos por que el tribunal reconoció la grave injusticia de las penas mínimas obligatorias de 30 años impuestas en las circunstancias únicas de zona de guerra de este caso".

El Gobierno describió los asesinatos como una emboscada unilateral de civiles desarmados, mientras que la defensa argumentó que los guardias abrieron fuego sólo después de que un sedán Kia blanco se consideró un coche bomba suicida potencial al moverse rápidamente hacia su convoy. Después del tiroteo, ninguna evidencia de bomba fue encontrada.

El caso de la plaza Nisour obligó a revisar la relación del Gobierno estadounidense con la empresa contratista, que, ante las críticas recibidas por un uso excesivo de la fuerza y su vinculación a otros casos de exportación de armas ilegales, cambió de nombre hasta en dos ocasiones desde entonces: primero Xe, y luego Academi.

Entre 2002 y 2012, Blackwater recibió millones de dólares en contratos privados del Gobierno norteamericano para proteger convoyes, edificios, instalaciones militares y funcionarios de países donde las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están en guerra.

El fundador de la empresa, Erik Prince, ha trasladado a la Casa Blanca a petición de Steve Bannon y Jared Kushner, dos de los principales asesores del círculo de Trump, recomendaciones para utilizar a contratistas en lugar de tropas en Afganistán.

La Justicia de EEUU anula las penas contra Blackwater por una masacre en Irak
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