Tras desalojar violentamente a los manifestantes que se mantenían en Jartum, el presidente del Consejo Militar Transitorio de Sudán, Abdelfatah Burhan, anunció que todos los acuerdos alcanzados en las últimas semanas con la oposición quedan suspendidos y se comprometió a convocar elecciones en un plazo máximo de nueve meses.
Burhan hizo el anuncio este martes en un discurso pronunciado a través de la televisión, tras una jornada sangrienta en la que el Ejército asaltó la acampada opositora que desde hace dos meses desafiaba el poder de los militares, causando al menos 30 muertos y cientos de heridos.
El jefe de la junta militar que dirige el país, tras el derrocamiento el pasado 11 de abril de Omar al Bashir, manifestó su pesar por lo que sucedido en la acampada y ordenó al fiscal general una investigación de los hechos. Al mismo tiempo, acusó a las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, plataforma que aglutina a la oposición, de prolongar las negociaciones y de excluir a la junta militar y las otras fuerzas políticas para producir un regimen totalitario como el de Al Bashir.
En su discurso, Burhan señaló que habrá elecciones en un máximo de nueve meses y que en el medio tiempo la junta militar encabezará un gobierno en funciones "para imponer la paz en el país y permitir las libertades y castigar los remanentes" del anterior régimen.
La acción militar de este lunes 3 de junio contra los manifestantes que se mantenían en la acampada para generar presión en la cúpula militar fue condenada abiertamente por la ONU, sumando la petición de una investigación independiente sobre lo ocurrido.
Los militares habían pedido insistentemente la disolución de la acampada opositora para retomar la normalidad en el país, pero los activistas se mantuvieron firmes hasta la acción violenta que debieron enfrentar. La junta militar argumentó su intervención como una acción dirigida contra supuestos delincuentes que se habían infiltrado en el grupo.
Los manifestantes, que con su movilización consiguieron que la cúpula militar cesase a varios generales cercanos a Al Bashir, seguían presionando en las calles para que una autoridad civil asumiera el poder, en momentos de estancamiento de las negociaciones entre el Ejército y la oposición.
Militares y opositores habían alcanzado varios acuerdos como el de la formación de un Consejo Soberano transitorio integrado por civiles y militares que dirigiría el país durante tres años. Sin embargo, no fueron capaces de consensuar los integrantes de ese consejo, en el que los militares querían tener la presidencia y una amplia representación, algo que rechazaban los políticos opositores, que exigían el liderazgo civil. La tensión entre el Ejército y los opositores fue en aumento en los últimos días en medio del estancamiento de las conversaciones.
La operación de desalojo de manifestantes provocó la condena de Europa, Estados Unidos y la Unión Africana.
Sudán ha estado en la lista de Estados Unidos como país que patrocina el terrorismo desde 1993 y niega el acceso del país a los mercados financieros y estrangula su economía. Washington levantó un embargo comercial de 20 años contra Sudán en 2017 y estaba en conversaciones para retirarlo de la lista de patrocinadores del terrorismo cuando los militares intervinieron el 11 de abril para deponer a Bashir, quien gobernaba Sudán desde hacía 30 años.
