La operación ‘Promises’ de la Guardia Civil de España permitió liberar a siete futbolistas de origen sudamericano que fueron explotados sexualmente en Prado del Rey (Cádiz).
Entre las víctimas hay un menor de edad, según publica el diario ABC.
Los jóvenes fueron encontrados en condiciones infrahumanas y, además de ser explotados sexualmente, se veían obligados incluso a mendigar para poder comer. Todos tenían algo en común: eran futbolistas en su país de origen.
Bajo engaño, llegaron a España con la promesa de un trabajo bien remunerado, una ficha en un equipo, acorde con su cualificación profesional.
Las investigaciones de la Guardia Civil desvelaron que la organización enviaba a captores a diferentes países de Sudamérica para reclutar jóvenes en buena forma física, a lo que prometían un futuro de éxito cuando llegaran a España.
La liberación de estas víctimas de la explotación sexual se ha saldado con tres detenidos y se ha logrado desarticular una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a la prostitución lucrativa.
Para evitar sospechas, la organización obligaba a las víctimas a pagarse el viaje a España, con el compromiso de que recuperarían el importe muy rápido con los trabajos que harían nada más llegar.
Una vez en España, la organización los recogía en el aeropuerto y los trasladaba hasta la localidad de Prado del Rey, en la sierra de Cádiz.
Allí les retenían su documentación y les quitaban el dinero que llevaban consigo para controlarles en todo momento.
La alternativa que la organización les ofrecía era participar en un chat de contactos homosexuales que era gestionado y controlado por el líder de la organización. "Ni siquiera tenían esa inclinación sexual", señala el portavoz.
Los encuentros sexuales se producían en distintas localidades de la provincia de Cádiz, a las que el tratante llevaba a la víctima, y la controlaba desde las inmediaciones.
En cuanto cobraban les quitaban el dinero. Una vez que la víctima había participado en alguno de estos encuentros, era amenazado con trasladar esta información a sus familiares en Sudamérica, consolidando la posición de dominio y abuso de situación de superioridad.
Los siete jóvenes liberados han recibido el estatus de víctimas de trata de seres humanos por las autoridades españolas y se han puesto a su disposición recursos de distintas administraciones en materia psicológica, sanitaria y social.
