Las familias españolas, cuyos hijos fallecieron en el incendio de una guardería de un centro comercial en Doha se encuentran desolados, informa gaceta.es.
"Han barrido bajo la alfombra la muerte de 13 niños", recuerdan Santiago y Camilo, al que un sonriente policía qatarí les dijo delante del incendio: "Tranquilos, que no queda nadie dentro, que sus hijos han salido por otra puerta, que no pasa nada, tranquilos".
Más de tres años después, la justicia qatarí les ha vuelto a decir lo mismo, que en el Villaggio, donde sus hijos perdieron la vida, no ocurrió absolutamente nada extraordinario. Un juez del Tribunal de Apelaciones de Qatar exoneraba a todos los anteriormente condenados de "cualquier responsabilidad". Santiago es el padre de Isabel y Camilo, el de Almudena, Camilo y Alfonso. Los cuatro españoles que perdieron la vida el 28 de mayo de 2012 junto a otros nueve niños, de distintas nacionalidades, y seis adultos. Todos ellos extranjeros.
Según El Mundo, la guardería Gympanzee era propiedad del actual embajador de Qatar en la UE, Bélgica y Luxemburgo, el jeque Ali Bin Jasim Bin Thani Al Thani, y de su mujer, Iman Hamad al Kawari, hija del entonces ministro de Cultura de Qatar. En la primera sentencia, el Tribunal de lo Penal de Doha los condenaba, junto a otras tres personas más, por las deficiencias de seguridad e irregularidades. El centro no contaba con licencia y la puerta de emergencia estaba bloqueada.
El matrimonio había sido condenado en primera instancia, tras demostrarse en el juicio un cúmulo indescriptible de irregularidades: los decorados del centro comercial estaban realizados con material inflamable, los aspersores y las mangueras no funcionaron durante el siniestro, la puerta de la guardería no era hermética y permitió que pasara el humo, la salida de emergencia estaba bloqueada, el local no tenía ventanas y se encontraba en el primer piso del centro comercial y no en la planta baja, como marca la ley.
El diplomático, su mujer y dos responsables del Villagio fueron condenados a seis años, mientras que un funcionario del Ministerio de Negocios y Comercio, que concedió la licencia al centro, recibió una pena de cinco años en prisión. Sin embargo, y ante el recurso al Tribunal de Apelaciones, todos ellos han resultado absueltos. A los padres de los niños les queda acudir al Tribunal de Casación.
