Irán anunció el viernes que ejecutó a tres hombres acusados de violencia letal durante las protestas antigubernamentales del año pasado, a pesar de las objeciones de los grupos de derechos humanos. Mizan, la web del poder judicial iraní, reportó las ejecuciones de Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi y Saeed Yaghoubi pero no indicó cuándo se llevaron a cabo.
Según las autoridades, mataron a un agente de policía y a dos miembros del grupo paramilitar Basij en Isfahan en noviembre, durante las movilizaciones que sacudieron todo el país.
Los grupos en defensa de los derechos humanos denunciaron que fueron sometidos a torturas, obligados a confesar en televisión y privados de garantías procesales.
Las protestas estallaron en septiembre tras la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que había sido detenida por la policía de la moral tras una supuesta violación del estricto código islámico de vestimenta. Las movilizaciones pronto se convirtieron en llamados a derrocar a la teocracia que gobierna el país desde la Revolución Islámica de 1979. Las manifestaciones han remitido en gran medida en los últimos meses, aunque sigue habiendo actos esporádicos de desafío como la negativa de algunas mujeres a utilizar el velo islámico obligatorio.
En total, las autoridades iraníes han ejecutado a siete personas en relación con las protestas. Los grupos de derechos sostienen que tanto estos como otros condenados a muerte fueron sentenciados por opacos tribunales de seguridad y no tuvieron derecho a defenderse. “La acusación se basó en ‘confesiones’ forzadas y el proceso estuvo plagado de irregularidades que revelan que se trata de un caso con motivaciones políticas”, apuntó Hadi Ghaemi, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de Irán, en Nueva York, acerca de los tres ejecutados.
Según el grupo, Kazemi llamó a un familiar y acusó a las autoridades de torturarlo azotándole los pies, de usar una pistola eléctrica y de amenazarlo con una agresión sexual.
Amnistía Internacional, un grupo de defensa de los derechos humanos con sede en Londres, también criticó los casos.
“La forma escandalosa en la que el juicio y la condena de estos manifestantes se aceleraron en el sistema judicial iraní, ante el uso de ‘confesiones’ obtenidas mediante tortura, graves irregularidades procesales y falta de pruebas, es otro ejemplo del descarado desprecio de las autoridades iraníes por el derecho a la vida y a un juicio justo”, afirmó Diana Eltahawy, subdirectora de Amnistía para Oriente Medio y Norte de África.
Irán lanzó una dura represión contra unas protestas que calificó, sin aportar pruebas, de conspiración respaldada desde el extranjero. Los manifestantes señalaron que estaban hartos de décadas de represión y mala gobernanza. La economía iraní ha caído en picado desde que Estados Unidos se retiró unilateralmente del pacto con las potencias nucleares y restableció sus asfixiantes sanciones.
