(Texto: María Molina / Córdoba-España. Foto de portada: ABC) Mercedes Alaya se ha convertido en la juez más famosa de España. Cierto es que se disputa el número uno del ranking con dos hombres, José Castro y Pablo Ruz. El primero lleva el caso Nóos, en el que se investiga por malversación, fraude y blanqueo de capitales a Iñaki Urdangarín, yerno del abdicado Rey Juan Carlos I. Por su parte, Ruz enjuicia las cuentas del Partido Popular, actualmente en el Gobierno de la nación, a raíz de que a su ex tesorero, Luis Bárcenas, le descubrieran cuentas bancarias secretas y millonarias en Suiza. También le ha tocado en suerte a Ruz investigar a la familia Pujol Ferrusola, un pozo sin fondo de corrupción y apropiación de ingentes cantidades del erario público a través del gobierno catalán.
Sin embargo, la Justicia en España ha adquirido rostro y nombre de mujer. Se llama Mercedes Alaya Rodríguez. Nacida en Écija en 1963, es la titular del Juzgado número 6 de Sevilla, desde donde ha puesto en jaque a los gobiernos andaluces de la última década.
Mercedes Alaya ha instruido durante tres años y medio el mayor proceso contra la corrupción institucionalizada en una Administración pública. Más de 200 tomos, 300.000 folios, 201 imputados y 800 millones de euros son las cifras que resumen el caso de los EREs falsos.
La magistrada ha remitido en agosto al Tribunal Supremo parte del sumario del caso ERE, alegando indicios que, supuestamente, incriminan en el fraude a nueve aforados; entre ellos, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y siete exconsejeros.
Según ha puesto al descubierto la investigación judicial, asesorada por informes de la Guardia Civil, una cuantía cercana a los 800 millones de euros, que entre 2001 y 2011 se debía haber destinado a prejubilaciones y despidos en empresas en crisis, se habría desviado a comisionistas, consultoras, bufetes de abogados, altos cargos e intrusos -familiares y allegados al PSOE y UGT-.
FONDO DE REPTILES
El calificado como ‘’fondo de reptiles’’ por uno de los imputados se utilizó para sufragar jugosas prejubilaciones que beneficiaron a personas que jamás habían trabajado en las empresas donde se aprobaban los Expedientes de Regulación de Empleo, subvenciones que captaron los empresarios que presentaban los ERES e, incluso, cazasubvenciones que nunca llegaron a crear una empresa. Además, las comisiones obtenidas por los intermediarios –sindicalistas de UGT y CCOO, aseguradoras y abogados- estuvieron muy por encima del valor de mercado.
Manuel Chaves, ex presidente de la Junta de Andalucía.El ‘’ERE gate’’ ha puesto al descubierto una presunta red vinculada a la Junta de Andalucía, que gobierna el partido socialista desde 1980, y que ha provocado la dimisión de dos presidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Siete ex consejeros y varias decenas de ex altos cargos también deben su salida apresurada del gobierno o de la Administración andaluza a su presunta vinculación con la trama. Una de las figuras estelares imputada en este proceso es la ex vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones y ex consejera de Economía de la Junta, Magdalena Alvarez, quien ha sido obligada a dimitir del cargo por este motivo.
"LA BEAUTIFUL PEOPLE DEL GOBIERNO ANDALUZ"
En palabras de Pedro de Tena, el periodista que más ha investigado sobre el tema, los personajes más significativos de la ‘’beatiful people’’ del gobierno andaluz en la última década han pasado o están siendo investigados por el juzgado de Alaya. Algunos de los ya citados se han resistido a acudir, en un alarde de desprecio a la judicatura inaudito, como fue el caso del ex jefe de los servicios jurídicos de la Junta o del presidente de UNICAJA, Braulio Medel. Mucho antes, los más avispados se apresuraron a acogerse al aforamiento como senadores, diputados nacionales y parlamentarios autonómicos, en previsión de lo que pudiera venir.
Tarde o temprano, por tanto, el caso tenía que llegar al Tribunal Supremo, donde los aforados tendrán un trato preferente.
‘’El aforamiento (stricto sensu, es decir, dejando aparte la materia civil) implica alterar las reglas de competencia judicial penal (objetiva, funcional y territorial) en beneficio de determinadas personas, que tienen derecho a ser encausadas y juzgadas por determinados tribunales previamente señalados’’. Rodrigo Tena Arregui en el portal "Hay Derecho".
Aunque sorprenda, -ha ocurrido con frecuencia a lo largo del proceso de instrucción-, la Fiscalía Anticorrupción ha urgido a la juez con insistencia para que elevara al Supremo las piezas relativas a los aforados que pudieran ser imputados, coincidiendo con la estrategia de las defensas de los altos cargos y de la propia Junta de Andalucía.
La magistrada se ha resistido, avalada por la Audiencia de Sevilla, argumentando que el sumario es indivisible y acelerando en los últimos meses el cierre de la fase de instrucción de un procedimiento que cuenta con más de 200 presuntos implicados. En esta larga lista, además de las referidas cúpulas gubernativas y administrativas, figuran exdirectivos de IFA-IDEA, la agencia pública hacia la que se desviaba el dinero que se dedicaba a pagar de forma ilegal –presuntamente- las prejubilaciones en las empresas en crisis. Sindicalistas de UGT y CCOO, empresarios, directivos de aseguradoras, abogados, testaferros, comisionistas y falsos prejubilados -los intrusos-, han protagonizado un desfile incesante por las sede judiciales sevillanas en los últimos años.
PROFESIONAL, TRABAJADORA Y DISCRETA
Sobre su mesa o a buen recaudo en los archivos del Juzgado, Mercedes Alaya ha acumulado cerros de documentos con informes periciales de la Guardia Civil, la Cámara de Cuentas e Intervención del Estado; la transcripción de interrogatorios agotadores que se prolongaban hasta la madrugada y el resultado de muchas jornadas laborales de 20 horas. Un esfuerzo ímprobo dedicado a esclarecer los hechos, las decisiones políticas y los responsables primarios del desvío de cientos de millones del presupuesto público andaluz hacia organizaciones, empresas y personas para las que no estaba destinado, la mayoría en la órbita del PSOE.
El trabajo ingente de Mercedes Alaya y su equipo tiene entre las cuerdas al socialismo andaluz, que ha contraatacado desde el inicio del proceso desplegando una extensa batería de tácticas de acoso desde todos los frentes. No ha faltado, ni siquiera, el fuego purificador que afectó al edificio de los juzgados sevillanos del Prado de San Sebastián esta misma semana, recién llegada la juez de vacaciones. Todo ello, unido a la actitud aparentemente impasible de la magistrada, ha aupado al estrellato mediático a una mujer con fama de profesional, trabajadora y discreta.
Licenciada en Derecho en 1986, dos años después, aprobó la oposición e ingresó en el mundo de la Judicatura con sólo 25 años. Está casada y es madre desde muy joven.
La magistrada andaluza tiene fascinados a propios y a extraños, tanto por su rigurosa forma de instruir como por su atractivo aspecto físico y su actitud personal, distante e imperturbable. Cuenta con un club de fans en Facebook con cerca de 50.000 seguidores. Pero también tiene de los nervios a muchos prebostes de rancio abolengo socialista que no han escatimado en intentar manchar su impecable carrera y su honor.
LOS OBSTÁCULOS
Si la instrucción del caso es difícil, porque complicadísima es la madeja que tiene que desenredar, más difícil se lo han puesto con el uso de artimañas obstruccionistas y críticas de un machismo recalcitrante. El consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, fiscal de profesión, llegó a manifestar con socarronería que desconocía “de dónde saca tiempo para estudiar y llevar para adelante no sólo este proceso sino otros más complicados y encima sigue guapa".
Magdalena Álvarez.Los líderes más añejos del socialismo han enjuiciado la intencionalidad, oportunidad y el contenido de sus autos, cuando no han cuestionado su profesionalidad y atacado su objetividad entre exabruptos. La ofensiva llegó también del presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia. El portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, en actitud amenazante, afirmó tras la imputación de Magdalena Alvarez que ‘’ha cruzado una frontera’’.
Además, ha recibido amenazas e insultos públicos de delegados de UGT y CCOO ante la puerta de los juzgados sevillanos cuando imputó a cargos de ambos sindicatos.
No obstante, la actitud más escandalosa correspondió a Gonzalo Moliner, el ex presidente del Consejo General del Poder Judicial, que le recriminó su dilación en la instrucción, entre otros detalles del caso. Ocurrió en el transcurso de una visita a Andalucía, durante la que se reunió con José Antonio Griñán, justo antes de que anunciara su dimisión como presidente del Ejecutivo autónomo en julio de 2013.
Las mismas instancias que han intentado apartarla del caso y han obstruido el proceso desde el principio la acusan de lentitud, oportunismo y de torcer la instrucción para impedir que la imputación de aforados le pudiera arrebatar el control.
En concreto, fue la Junta quien negó las actas del Consejo de Gobierno hasta que el Tribunal Supremo falló a favor de Alaya. También dilató durante meses la entrega de documentación y expedientes que, in extremis, llegaron al Juzgado desordenados, inconexos y después de sufrir varios expurgos, incluida la destrucción de informes comprometedores, según testimonios de funcionarios.
LOS APOYOS
Además de su club virtual de fans, la magistrada ha recibido en reiteradas ocasiones apoyo del Foro Judicial Independiente, del decano de los jueces sevillanos y de la Audiencia de Sevilla, que ha emitido numerosas sentencias a favor del procedimiento.
Desde los medios de comunicación recibe más respaldo que críticas a su gestión, aunque no han faltado tarascadas por parte de opinadoras próximas a la izquierda ultrafeministas.
Políticamente, el caso es una bomba, un asunto que ha sido valorado como el mayor escándalo de corrupción en la etapa democrática. Y es que, si bien las cantidades sustraídas al control de los órganos supervisores son relevantes, lo alarmante es que el dinero público malversado se ha esquilmado de partidas destinadas a los parados –siendo Andalucía la región con la tasa de paro más alta de la Unión Europea, por encima del 36 %, más del 60 por ciento entre los jóvenes-.
No es menos grave aún que la instrucción del caso haya destapado una trama delictiva cuyas raíces se expanden décadas atrás y se infiltran en el corazón del gobierno y la administración andaluzas. Una trama que, en conjunción con otras que también han aflorado en los últimos años, se utilizaba para alimentar el semillero de voto cautivo que durante más de tres décadas han permitido al PSOE acaparar todo el poder.
La contundencia de la juez, frente a un poder que se ha revelado corrompido hasta la médula, sirve de ejemplo a una ciudadanía que ha perdido su confianza en una Justicia. Alaya simboliza valentía y honradez. Nada de juez mediática o relumbrón de un día. Lo suyo es persistencia y buen hacer, empeñando vida personal y profesional, a pesar de tenerlo todo en contra. Los andaluces lo saben, y tienen puestas sus últimas esperanzas para redimir a Andalucía de las garras de un poder omnímodo y corrupto en la Justicia que representa Mercedes Alaya.
