El Tribunal de Asuntos Familiares, Civiles y Administrativos de Abu Dabi condenó a tres sospechosos a devolver 200.000 dírhams a una mujer, que le habían confiscado de manera fraudulenta. Uno de los sospechosos afirmó ser un funcionario del Gobierno de Abu Dhabi y le pidió a la mujer que actualizara sus datos bancarios personales.
Según los informes, ella le dio los números de sus tarjetas de cajero automático, tras lo cual él retiró 200.000 dirhams de su cuenta y transfirió el importe a las cuentas de los otros sospechosos, utilizando un método de tecnología de la información.
La mujer presentó entonces una demanda contra las tres personas en la que pedía que se le pagaran conjuntamente 200.000 dírhams, además de abonar los honorarios y gastos judiciales.
La víctima añadió que el Ministerio Público remitió a los sospechosos a los tribunales, donde se dictó sentencia penal en su contra por cargos de confiscación de dinero con medios fraudulentos utilizando tecnologías de la información. El tribunal los condenó a prisión y ordenó su privación del uso de Internet durante dos meses y su deportación, además de pagar las costas del proceso.
El primer sospechoso apeló el veredicto ante el Tribunal de Apelaciones que aceptó el recurso en forma, pero modificó la pena de prisión a seis meses y confirmó la deportación y el pago de las costas del caso.
El tribunal también aclaró que las sentencias preliminares y de apelación emitidas contra los sospechosos han adquirido firmeza, explicando que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 292 y 293/1 de la Ley de Transacciones Civiles, cualquier daño a otros requiere compensación, por lo que condenó a los sospechosos a indemnizar a la demandante con 20.000 dírhams por los daños y perjuicios sufridos.
