Un ciudadano emiratí, su esposa y otros 16 acusados de diferentes nacionalidades han sido condenados en 12 casos por daños a fondos públicos, falsificación, soborno, especulación, apropiación, fraude comercial y alteración de una instalación pública. El Tribunal de Casación de Abu Dhabi condenó al primer acusado y a su esposa a 66 años de prisión y les impuso una multa de 39 millones de dirhams.
El tribunal también condenó a prisión a los demás acusados. El rango de su sentencia oscilaba entre los tres y 15 años. También han sido multados con un total de 13 millones de dirhams.
El fallo se produjo después de que la Fiscalía denunciara a los acusados por establecer almacenes privados, almacenar alimentos y otros materiales de consumo caducados y revenderlos modificando ilegalmente las fechas de caducidad.
Los demandados alteraron y cambiaron premeditadamente las características principales y las fechas de caducidad, y proporcionaron datos comerciales incorrectos y engañosos, incluidos los productos alimenticios orgánicos. Esto puso en peligro la salud y la vida de las personas.
Además, promocionaron productos vencidos y adulterados mediante publicidad engañosa con datos incorrectos que pretendían inducir al público a comprar dichos productos, alegando que son de buena calidad y aptos para el consumo.
Los delitos cometidos por los acusados incluyeron solicitar y aceptar obsequios a cambio de ejercer una supuesta influencia al afirmar que podían intervenir ante una autoridad pública para obtener influencia, cometer el delito de tender una tubería de agua para conectar una finca en violación de la normativa y sin instalar un medidor, destruyendo tuberías pertenecientes al organismo encargado de la distribución del agua, lo que resultó en una reducción del flujo de agua y perturbación de las actividades del organismo público.
También provocaron intencionalmente daños en equipos eléctricos en seis inmuebles del primer imputado, al desconectar la protección principal del cuadro eléctrico. Esto provocó un cortocircuito y la interrupción del suministro eléctrico proporcionado por el organismo público y el corte del suministro a otros beneficiarios.
Además, cometieron intencionalmente un acto que pondría en peligro la vida de otras personas al desconectar y conectar aleatoriamente los cables de los cuadros eléctricos en las propiedades del primer demandado en violación de las condiciones y normas, acto que podría conllevar el riesgo de una fuga eléctrica e ignición.
Los acusados también intentaron apropiarse de la vía pública que separa dos explotaciones agrícolas y perturbar el transporte público fusionando las dos explotaciones, utilizando ilegalmente la carretera que separa las dos explotaciones agrícolas, así como falsificando documentos oficiales y archivos electrónicos que utilizaron para cometer estos delitos. .
