La Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Federal de Apelaciones de Abu Dhabi ha decidido aplazar la audiencia del Caso No 87 de 2023 - Delitos de Seguridad del Estado, que involucra a la banda terrorista "Organización del Comité de Justicia y Dignidad" a una sesión el 7 de marzo, para escuchar los alegatos de los abogados que representan a los 84 imputados, para los que el Ministerio Público pide la pena máxima legal.
El caso se refiere a miembros de la organización Hermandad Musulmana que cometieron delitos relacionados con el establecimiento y la gestión de una organización terrorista, así como lavado de dinero procedente de la formación de una organización terrorista clandestina.
El Ministerio Público había concluido sus alegatos, que se extendieron a lo largo de dos sesiones separadas, durante las cuales confirmaron que este caso es completamente diferente del caso número 79 de Delitos contra la Seguridad del Estado de 2012, y no es un nuevo juicio de los acusados según las pruebas presentadas en el sesión pública, que incluyó confesiones y declaraciones de los imputados. Las confesiones coincidieron con las investigaciones del Aparato de Seguridad del Estado, y con los testimonios e informes de los peritos que fueron asignados para monitorear y analizar las actividades de los imputados.
El Ministerio Público exigió a los acusados la pena máxima legal, basándose en el artículo 88 del Código Penal, que establece que si los delitos se cometen con un solo fin y están indisolublemente ligados, deben considerarse un solo delito y la pena prescrita para los delitos más graves debe imponerse. El artículo 90 del Código Penal también establece que si el autor en el caso previsto en el artículo 88 de esta ley ha sido condenado por un delito castigado con una pena menor, deberá entonces ser juzgado por el delito castigado con la pena máxima. En este caso, el tribunal ordenará la ejecución de la pena impuesta en esta última sentencia, deduciendo la efectivamente ejecutada de la sentencia anterior.
'Organización del Comité de Justicia y Dignidad' terrorista
Los alegatos del Ministerio Público se extendieron a lo largo de dos sesiones separadas. En la primera sesión, que duró unas cinco horas y a la que asistieron los abogados de los acusados, sus familias y representantes de los medios de comunicación, la fiscalía presentó sus pruebas contra los acusados de establecer y gestionar una organización terrorista clandestina en Emiratos Árabes Unidos, con el fin de cometer actos terroristas y recaudar y lavar dinero al servicio de la organización.
Según informó este domingo la agencia estatal de noticias de Emiratos, WAM, la fiscalía presentó pruebas contra los acusados, incluida la confesión de uno de ellos de que la organización estudió los acontecimientos que coincidieron con las llamadas "revoluciones de la Primavera Árabe" para crear un modelo revolucionario similar en EAU.
El acusado también confesó que el primer y segundo acusado propusieron el establecimiento de la organización terrorista 'Comité de Justicia y Dignidad' como una organización clandestina separada de la organización terrorista 'Reform Call', con la intención de instigar una revolución violenta que implicaría enfrentamientos con personal de seguridad, lo que provocaría muertes y la interrupción de funciones estatales esenciales.
El acusado también confesó que el método de la organización terrorista antes mencionada se basaba en cultivar la ira y el resentimiento generalizados dentro de la sociedad, buscando manipular estas emociones en protestas callejeras masivas que inevitablemente se volverían violentas a través de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, lo que podría provocar víctimas y heridos.
Luego, la organización explotaría esto como combustible para aumentar el resentimiento y promoverlo en los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de obtener apoyo de organizaciones externas. El imputado también confesó que la organización formó equipos e identificó sus tareas y miembros.
El imputado declaró que la organización planeaba realizar una manifestación pública en una conocida plaza del país.
El acusado concluyó sus confesiones afirmando que la reunión de los miembros de la organización en la casa del segundo acusado demuestra claramente la verdadera naturaleza de la organización terrorista, su propósito y su método de incitar al caos, incluso si conduce al derramamiento de sangre y la pérdida de vidas.
Estructura organizativa y cinco equipos
El Ministerio Fiscal presentó la estructura organizativa del 'Comité de Justicia y Dignidad', encabezada por el segundo acusado. La organización estaba compuesta por cinco equipos:
• El Equipo Electrónico: Este equipo se encargaba de difundir noticias en Internet y plataformas de redes sociales que incitaran a la opinión pública.
• El Equipo Legal: Fue responsable de comunicarse con las organizaciones legales locales, regionales e internacionales.
• La Selección Nacional: Se encargó de movilizar a notables e intelectuales del país contra lo que llamaron "violaciones por parte de los servicios de seguridad".
• El Equipo de Medios: Fue responsable de crear cuentas en plataformas de redes sociales, publicar tuits y noticias, y realizar campañas en los medios. El equipo también capacitó a los jóvenes de la organización sobre cómo incitar a la opinión pública en Internet y tratar de preparar las mentes de la gente para la idea de una "revolución".
• El Equipo de Acción Exterior: Se encargó de facilitar la fuga de los miembros de la organización del país, coordinarse con el resto de organizaciones de los Hermanos Musulmanes en el Golfo para apoyar a los fugitivos y trabajar para organizar campañas mediáticas contra las instituciones del Estado desde el extranjero.
Evidencias de la gestión de la organización, fines y sus actividades
El Ministerio Público examinó documentos que demostraban la implicación de los acusados en incitar a la opinión pública y socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado con el fin de crear un estado de tensión en la sociedad que podría estallar. La fiscalía presentó un documento que prueba que algunos miembros de la organización se reunieron en una de sus casas, y en dicho documento se muestra a los asistentes discutiendo una propuesta para "plantear preguntas para incitar a la opinión pública".
La fiscalía también presentó documentos que fueron confiscados a uno de los acusados, que incluían un plan para traducir noticias, artículos e informes de incitación al inglés, y contactar a los medios de comunicación, incluidas 27 plataformas de medios extranjeros, y proporcionarles material de archivo. El plan también incluía la celebración de una serie de reuniones con destacados periodistas de países extranjeros con el pretexto de que existía un estado de descontento en la sociedad, para que los medios extranjeros lo cubrieran.
El Ministerio Público también presentó un videoclip que demostraba que uno de los imputados incitó a los estudiantes a salir a las calles, filmarlo y difundirlo en las plataformas de redes sociales con el fin de incitar a este segmento de la sociedad a protestar para presionar a las instituciones del Estado.
La Fiscalía también presentó imágenes de tuits de uno de los acusados en los que comparaba la Plaza Tahrir de Egipto con una de las plazas famosas del país, simbolizándola como una "plaza de la revolución".
Seguimiento electrónico e informe de un comité de expertos en medios
En su presentación de pruebas, el Ministerio Público se basó en un informe de un comité de expertos en medios que se formó para analizar la actividad mediática y electrónica de la organización. El comité concluyó que esta actividad se llevó a cabo de manera sistemática con un enfoque unificado, y que los acusados buscaron deliberadamente crear un estado de ira popular, incitar a la opinión pública, atacar la unidad nacional, sembrar dudas y menospreciar el éxito del modelo de desarrollo del país, generar un estado de ira, crear un estado de tensión y dirigir la mente colectiva hacia la aceptación de la idea de reunirse y protestar.
La Fiscalía comentó el informe del comité de medios y afirmó que sus hallazgos a partir del monitoreo y análisis electrónico de las cuentas de los acusados, lo que publicaron en las plataformas de redes sociales y su actividad en los medios, indicaron la exactitud de la investigación, y la confesión del imputado, confirmaba la existencia de un plan de medios electrónicos.
Grabaciones de audio y confesiones de los acusados
La Fiscalía también presentó las confesiones de los acusados de pagar sumas de dinero mensuales a la organización, facilitar la celebración de reuniones de sus miembros en sus hogares, explotar las llamadas "revoluciones de la Primavera Árabe" para servir a las agendas de la organización terrorista e incitar a la gente a salir a las calles y organizar manifestaciones.
La Fiscalía también presentó grabaciones de audio que demuestran que los acusados distribuyeron las tareas de los equipos de la organización terrorista 'Comité de Justicia y Dignidad', además de utilizar a estudiantes universitarios y activistas al servicio de los fines de la organización y buscar la ayuda de otros desde fuera de la organización para dar la impresión de que la opinión pública interactúaba con ellos.
Lavado de dinero proveniente de actividades de la organización ilegal 'Reform Call'
En la segunda sesión pública, el Ministerio Público abordó en sus alegatos la acusación de blanqueo de capitales producto de los delitos de establecimiento y fundación de una organización terrorista secreta. La fiscalía confirmó que los miembros de la organización crearon dos empresas como brazos económicos ficticios para blanquear los beneficios obtenidos, que se recaudaban mediante suscripciones mensuales de los miembros de la organización, además de recaudar donaciones de forma ilegal.
Suscripciones mensuales, recaudación de fondos y otras formas de apoyo a la organización
La Fiscalía presentó el testimonio de un testigo que confirmó que la organización terrorista secreta dependía de varias fuentes de financiación: suscripciones impuestas a sus miembros a razón del 5% de los ingresos mensuales de los empleados y del 1% de los beneficios de quienes trabajaban en el ámbito del comercio o profesionales.
El testigo también confirmó que la recaudación y transferencia de dinero se llevó a cabo de forma organizativa secreta, además de recaudar donaciones de organizaciones benéficas y dinero del Zakat de algunas personas, además de donaciones de miembros de la organización.
El Ministerio Público presentó la confesión de uno de los acusados (el director financiero) de haber recaudado ilegalmente donaciones y abonos mensuales y haberlos guardado en una caja fuerte en su casa, con la condición de que los entregaría a los jefes de los comités centrales de la organización con base a las instrucciones de los miembros de la junta directiva.
La fiscalía presentó un documento obtenido del ordenador del citado imputado, que incluía un estado de los fondos que se recaudaron mensualmente en un año. También se presentó un documento escrito de puño y letra del imputado, en el que menciona algunas de las cantidades recibidas, junto con otro documento relacionado con dinero de donación.
El citado testigo también confirmó que la organización constituyó una entidad financiera a través de la cual el Grupo podía financiarse mediante inversiones inmobiliarias, ya sea a nombre personal o en sociedad con otros. Las dos empresas mencionadas anteriormente contribuyeron al establecimiento de otras dos empresas, y las compañías antes mencionadas trabajaron para disfrazar el origen y la naturaleza de sus fondos ilegales canalizándolos hacia una variedad de proyectos dentro del país. Camuflaron estos fondos fusionándolos con otras actividades comerciales legítimas, ocultándolos del escrutinio de los servicios de seguridad.
El testigo declaró que la organización utilizó deliberadamente una cadena de empresas para enmascarar el verdadero origen de los fondos. Esta confusión intencional, lograda mediante transferencias entre empresas, tenía como objetivo hacer que fuera extremadamente difícil rastrear el dinero hasta su origen.
Obtención de préstamos bancarios para ocultar fondos ilegales
La Fiscalía presentó pruebas de transferencias de fondos sospechosos entre estas empresas, según lo planeado por un miembro de la organización, que aprovechó su posición en uno de los bancos de EAU para comprar activos, acciones y bienes inmuebles en nombre de las empresas antes mencionadas, con el fin de blanquear los fondos.
El Ministerio Público se basó en el testimonio de dos miembros del Comité de Revisión Financiera formado por decisión del Ministerio Público sobre las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, que confirmó, luego del escrutinio, que la organización terrorista cometió el delito de lavado de dinero a través de seis empresas interconectadas, contratando varios bancos del país y utilizando los fondos para invertir en activos financieros e inmobiliarios, con el objetivo de hacer crecer su capital.
Después de revisar meticulosamente las confesiones de los acusados, los testimonios de ocho testigos, los informes del Comité de Medios y la Unidad de Inteligencia Financiera y otras pruebas de respaldo, el Ministerio Público entregó sus argumentos finales. Exigieron la pena máxima para los acusados, citando su intención probada de infligir daño a la comunidad, poner en peligro la seguridad pública y las instituciones estatales.
