Los descendientes de los beduinos nómadas, los bidún o árabes apátridas, han vivido en los márgenes de la sociedad por muchas generaciones. Sin ciudadanía saudita, los descendientes de los nómadas del desierto saudí se sienten incapaces de registrar los matrimonios, inscribirse en el sistema de educación pública, buscar tratamiento médico o la oportunidad para trabajar legalmente.
A pesar de la discriminación que ha caracterizado su pasado y presente, se aferran a la esperanza de un futuro mejor en el que tengan los mismos derechos y libertades de las que disfrutan otros ciudadanos saudíes, según informó el diario Al-Watan.
Los beduinos nómadas vagaron por el desierto de Arabia durante siglos, pero cuando se formaron los estados árabes, en 1945, los gobiernos solicitaron a todos los que vivían dentro de sus fronteras que se registraran para conseguir la ciudadanía, algo que muchos nómadas habitantes del desierto no hicieron por desconocimiento. Hoy en día, los bidún y sus hijos viven como parias en la única sociedad que han conocido.
Su existencia no es un secreto, ya que permanecen en los callejones de la regiones occidentales del Este en el Reino de Arabia.
A pesar de su vida lamentable, el bidún no ha perdido la esperanza de que los comités de gobierno y las partes interesadas encargadas de rectificar su situación, aceleren el proceso para la emisión de su nacionalidad saudí. Sin embargo, según la Sociedad Nacional para los Derechos Humanos (no gubernamental), el desarrollo de estos procedimientos por parte del gobierno es demasiado lento y se necesita una acción más decisiva.
En la ciudad de Hafr Al-Batin, a unos pocos kilómetros de distancia del centro en dirección a la zona rural denominada Al-Ashish se puede contemplar el estado lamentable en el que vive la comunidad bidún (en la foto de la noticia). Muchas familias viven en casas hechas de zinc y madera. En algunos casos, unas tiendas de campaña son la única protección que tienen frente al devastador clima desértico, pero detrás de estas humildes viviendas se encuentran historias jamás contadas.
Badr Al-Shammary ha vivido toda su vida en un país, el único que conoce, al que no ha podido llamar suyo y ahora su hijo está en su misma situación.
"Yo soy de este país, aquí nací y aquí voy a ser enterrado ", manifiesta Al-Shammary, quien solicitó la ciudadanía saudí hace más de 25 años cuando su padre comenzó el viaje aparentemente interminable de conseguir el reconocimiento del Estado.
Según Al-Shammary, uno de los mayores problemas de los bidún es la lucha por encontrar un empleo remunerado y, aunque se pueda encontrar un trabajo, los empresarios se aprovechan de su situación ilegal y está muy mal pagado.
"Mi salario no supera los 2.000 SR (unos 400 euros) al mes en una empresa privada. Incluso luchamos por un seguro de salud y poder ser admitidos en un hospital", explica Al-Shammary.
El hijo de Al-Shammary, Waad, está casado y tiene 3 hijas, la mayor de las cuales sólo tiene 4 años. Waad asegura que sus hijas sólo serán admitidas en una escuela si puede obtener la aprobación de la municipalidad y esta aprobación sólo cubrirá sus estudios hasta el segundo nivel.
"Mi propio matrimonio no está reconocido desde el punto de vista legal y se realizó con la aprobación de la comunidad", afirma Waad.
El príncipe Miteb Bin Abdullah, ministro de la Guardia Nacional, aseguró en unas manifestaciones que la ayuda prestada al país en situaciones de crisis como la agitación después de la guerra de Irak y el terrorismo de grupos extremistas como Al-Qaeda, en las que los bidún prestaron su apoyo al Reino, son prueba de su lealtad y expresó que el Rey Abdullah admitió agilizar el proceso de concesión de la ciudadanía saudí a la comunidad bidún.
En el año 2011 en Kuwait, una de las naciones más ricas del mundo, se denunció que los nativos bidún viven en el país fuera del ámbito de la sociedad, en situación vulnerable y sin protección, la mayoría en la pobreza. Kuwait considera a los bidún “residentes ilegales”. El Gobierno les negó la documentación esencial, incluidos los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, así como el acceso a escuelas públicas gratuitas y oportunidades para trabajar legalmente.
