viernes. 03.05.2024

Un abogado con sede en Saná (capital de Yemen) informó de que un tribunal dirigido por los hutíes condenó a muerte a 16 yemeníes por trabajar con la Coalición para Restaurar la Legitimidad en Yemen y ser opositores a la ideología de la milicia.

Abdul Majeed Sabra, un abogado yemení que defiende a los detenidos en prisiones hutíes, declaró que el Tribunal Penal Especializado de Primera Instancia condenó a sentencias de muerte a 16 yemeníes, luego de condenarlos por comunicarse con la coalición y enviar las ubicaciones de las instalaciones militares y sus líderes.

Sabra señaló al portal Arab News que el fallo es principal y que presentó una apelación en su contra, y agregó que los convictos detenidos por los hutíes son civiles, incluidos maestros y agricultores. “El juicio y la apelación se verán en el mismo tribunal, y si confirma la sentencia, presentaremos un recurso de apelación ante la Corte Suprema”.

Un funcionario del Gobierno yemení y otros activistas calificaron los cargos de “maliciosos” y que pretendían ser una represalia contra los yemeníes que se oponen a las milicias y a la confiscación de sus propiedades en las regiones controladas por los rebeldes.

Faisal Al-Majidi, subsecretario del Ministerio de Justicia de Yemen, acusó a los hutíes de usar el sistema judicial para castigar a los partidarios del Gobierno yemení y legitimar el saqueo desenfrenado de las propiedades de las milicias opositoras. “La corte se usa como guante para resolver rivalidades con personas que se oponen a la ideología de la milicia hutí, y su dinero se toma con el pretexto de que se comunican con los agresores”, dijo Al-Majidi. “Estos actos de matanza masiva exponen la actitud criminal de los hutíes contra la población de Saada”.

El ministro de Información yemení, Muammar Al-Eryani, también confirmó las penas de muerte en su perfil de Twitter.

Desde el primer día de su golpe militar contra el Gobierno yemení a finales de 2014, los hutíes han secuestrado a cientos de yemeníes, los han torturado  en la cárcel y los han acusado de colaborar con el gobierno yemení y la coalición. Un gran número de políticos, incluido el expresidente, altos funcionarios del Gobierno, activistas, periodistas y personal militar y de seguridad también fueron castigados por los hutíes, que tomaron sus casas y propiedades en Saná y los demás lugares que controlan.

La provincia de Saada, en el norte de Yemen, ha sido el hogar de la milicia hutí durante casi dos décadas, y escenario de seis guerras entre el Gobierno yemení y los hutíes desde 2004, cuando iniciaron una insurrección militar.

Por separado, la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU informó que 9.849 familias yemeníes (59.094 personas) habían sido desplazadas de sus hogares en provincias devastadas por la guerra del 1 de enero al 10 de diciembre de 2022, a pesar del significativo cese de hostilidades en los últimos ocho meses, como resultado del alto el fuego negociado por la ONU.

El ochenta por ciento de las personas desplazadas en Marib, Lahj, Dhale y otras ciudades yemeníes se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a problemas de seguridad, mientras que el 20 por ciento se fue por razones económicas, según la organización.

Más de dos millones de personas que han escapado de la represión y el conflicto de los hutíes en sus hogares residen en campamentos y edificios en la ciudad de Marib, controlada por el Gobierno, que tiene la mayor concentración de desplazados en Yemen.

Un tribunal controlado por los hutíes condena a muerte a 16 yemeníes
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