El Tribunal Federal de Apelaciones de Abu Dhabi -Departamento de Seguridad del Estado- condenó este miércoles a 53 acusados, entre ellos dirigentes y miembros de la organización terrorista Hermanos Musulmanes, y a seis empresas, en el Caso n.º 87 de 2023 - Delitos contra la Seguridad del Estado, conocida en los medios de comunicación como la Organización terrorista 'Comité de Justicia y Dignidad', e impuso penas que van desde la cadena perpetua hasta una multa de 20 millones de dirhams.
El tribunal condenó a 43 acusados a cadena perpetua por el delito de crear, establecer y dirigir la organización terrorista 'Comité Justicia y Dignidad' con el fin de cometer actos terroristas en el país. También condenó a cinco acusados a 15 años de prisión por cooperar con la organización 'Llamamiento a la Reforma' y abogar por ella en artículos y tuits publicados en plataformas de redes sociales, con conocimiento previo de su propósito de emprender acciones contra el país.
Asimismo, condenó a cinco acusados, cada uno de ellos a diez años de prisión y a una multa de diez millones de dirhams, por blanqueo de dinero obtenido para los delitos de creación, establecimiento y financiación de una organización terrorista.
Además, el tribunal también falló a favor de imponer penas a seis empresas y a sus responsables, multar a cada uno de ellos con 20 millones de dirham, así como disolver y cerrar las sedes de dichas empresas, confiscar sus activos, sus derechos de propiedad tangibles e intangibles, fondos, bienes inmuebles y fachadas, y todos los materiales, equipos y pertenencias obtenidos y utilizados en la comisión de los delitos mencionados. Estos delitos incluyen el blanqueo de capitales cometido por un grupo delictivo organizado y el blanqueo de ganancias para financiar una organización terrorista.
El tribunal también dictó el archivo de las causas penales contra 24 acusados por delitos de cooperación y suministro de dinero a la organización, y la absolución de uno de los acusados.
Además, afirmó en la motivación de la sentencia dictada que los delitos por los que han sido condenados los acusados consisten en la creación y dirección de la organización terrorista 'Comité Justicia y Dignidad', que son distintos y no guardan relación con los delitos por los que fueron juzgados en la causa nº 79 de 2012-Delitos contra la Seguridad del Estado. Además, las pruebas presentadas en la causa, incluidas las confesiones y declaraciones de varios acusados, las declaraciones de testigos y los informes técnicos presentados, fueron suficientes para demostrar la comisión de los delitos por parte de los imputados.
El tribunal verificó que los acusados forman parte de la organización 'Llamamiento a la Reforma' (de los Hermanos Musulmanes, que están clasificados como organización terrorista), que han trabajado para crear y reproducir en el país acontecimientos violentos, similares a los ocurridos en otros Estados árabes, incluidas protestas y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las multitudes que protestaban, que causaron muertos y heridos y la destrucción de instalaciones, así como la consiguiente propagación del pánico y el terror entre la población, lo que creó una crisis que amenazaba la seguridad y la estabilidad generales, y la soberanía del Estado, al tiempo que ponía en peligro la vida de las personas y sus bienes.
Es importante señalar que la sentencia dictada en este caso puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo Federal.
El tribunal examinó el caso y prosiguió con el juicio, a lo largo de diez vistas, en las que veló por la protección de los derechos y garantías de los acusados, tal y como estipula la ley. También permitió a los acusados elegir a sus abogados, y designó un abogado para defender a aquellos que no lo habían designado por sí mismos. El tribunal escuchó sus defensas y los argumentos de sus abogados, y revisó los memorandos de defensa presentados por escrito.
Además, el tribunal también escuchó las declaraciones de los testigos durante las sesiones públicas, que permitieron a los acusados y a los abogados repreguntarles. La fiscalía presentó sus pruebas durante sus alegatos en sesión pública, que incluían las confesiones y reconocimientos de los acusados, las investigaciones y testimonios de agentes del Departamento de Seguridad del Estado, así como testimonios de expertos técnicos y sus informes periciales. Estas pruebas corroboraron la comisión de los delitos y demostraron la participación de los acusados en su comisión, así como las funciones que desempeñaron.
